Reportaje
“Toda persona tiene derecho a circular librementey a elegir su residencia en el territorio de un Estado.”
Artículo 13. N 1, Declaración Universal de los Derechos Humanos
Veronica acaba de cumplir un año de vida y no comprende los problemas de sus padres. Pero los siente, especialmente ahora que su padre ya no llega a casa por las tardes. “Todavía se despierta de madrugada buscando a su padre, tiene su cunita, pero siempre dormía entre nosotros”, relata Leidy Gutiérrez, madre de la pequeña Verónica. La niña tiene nacionalidad española y su padre, Boliviano, tiene una ordén de expulsión en apicación de la Ley de Extranjería por no tener “papeles”.
El pasado 29 de sepriembre, Ramiro Perales Chejo salía de una de las estaciones del metro del barrio de Santa Coloma, una babel de africanos, chinos, rumanos y latinoamericanos no incluida en las rutas turisticas. Un arrabal de indocumentados que alimentan la economía subterranea de la capital catalana. Como cada tarde, Ramiro se dirigía a su casa cuando lo detuvo la Policía y desde entonces se encuentra recluído en el Centro de Internamiento para Extranjeros de la zona franca de Barcelona, donde espera su expulsión. Aunque la normativa legal permite que se presente un recurso para suspenderla, de poco ha servido que su abogada, Johana Logroño, ponga sobre la mesa el DNI (la targeta nacional de identidad) español y el Registro Civil de su hija. Para Logroño, “es como si el juez no hubiera leido la documentación”. “Si una ciudadana española no vale para demostrar el arraigo y la dependencia económica de su padre, no entiendo qué más es necesario”, concluye.
Pero el juzgado Administrativo número 3 de Barcelona fue claro el pasado 7 de octubre: “No queda acreditado el pretendido arraigo del recurrente ni en el ámbito social, ni el familiar”.
Ramiro de 34 años, y Leidy de 26, vivían juntos ya en Cochabamba (Bolivia), de donde emigró él en junio de 2006. Ella lo hizo cuatro meses después. “Nuestro sueño era trabajar por unos años y volver a mi país”, explica Leidy que, sin los ingresos de Ramiro, pasó de los ahorros a la caridad: “Cada quince días voy a Cáritas por algo de grano y leche”. Esto choca con otro de los argumentos del juzgado, para quien el boliviano aún debe “probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible concurren en el caso”.
Desde el Centro de Internamiento, Ramiro explica por teléfono que durante su estancia ha visto pasar a dos extranjeros en su misma situación: “Un venezolano que tiene tres hijos aquí, dos de ellos españoles, aunque a este ya lo repatriaron. También un brasileño que tiene un hijo con una mujer española. Es como si no les importaran las diferencias entre uno u otro caso. ¿Acaso hay que tener papeles para ser padre?”.
Distinguir estas diferencias es lo que reclama la letrada Logroño. Para ella, es difícil sostener que mientras son liberadas otras personas detenidas portando documentación falsa, al mismo tiempo se ordenan expulsiones que producen “la separación de familias”.
La comunidad latinoamericana está desconcertada con este caso. La Federación de Entidades Latinoamericanas (FEDELATINA) solicitó el permiso para realizar una manifestación el mismo día del cumpleaños de la niña, el 14 de octubre. Pero no fue aceptada porque el Ayuntamiento de Barcelona exige que dichas solicitudes sean tramitadas diez días antes.
Mientras Leidy cuenta su historia, Verónica gatea por los 40 metros cuadrados del ático donde vive la famila por 340 euros mensuales (unos $238.ooo). La vida de esta madre y su hija procura no alejarse del barrio, por el temor de que a ella le toque la misma suerte. “Un policía me dijo un día que tuviera cuidado, porque si me cojían en la calle, no me creerían que tengo una niña y me expulsarían también. Por eso tengo miedo cada vez que voy a visitar a mi marido al Centro de Internamiento”.
En cada visita, Leidy lleva a Ramiro algo para que pase el tiempo: música o algún libro de informática, rubro en el que Ramiro trabajaba en Barcelona. Las visitas duran cinco minutos, asegura, lo suficiente para desatar el llanto de Verónica, que trata inútilmente atravesar la mampara de acrílico para abrazar a su padre. Pero el caso de Ramiro Perales es una muestra, y el resultado, de las nuevas políticas de inmigración que ya han comenzado a aplicarse en los países miembros de la Unión Europea. La mayoría de ellos gobernados por fuerzas políticas de derecha, la que se empeña en criminalizar a los extranjeros sin papeles radicados en los 27 países de la Unión.
Crecen las murallas
En junio (en la reunión de Cannes, Francia), los ministros del Interior de la Unión Europea (UE) aprobaron de forma generalizada un gran pacto comunitario sobre inmigración y asilo, que promueve el movimiento migratorio laboral a la carta y refuerza la expulsión de irregulares. La propuesta, iniciativa de la presidencia francesa de la UE, detalla las obligaciones que deben respetar los inmigrantes y veta las regularizaciones generales de sin papeles. "Nada será como antes", afirmó en dicha reunión el ministro francés de Inmigración, Brice Hortefeux, para destacar que a partir de ahora la UE actuará de forma coordinada en una cuestión tan esencial como la inmigración. El pacto establece el compromiso de organizar la inmigración legal según las necesidades y capacidades de acogida de cada país; perseguir la inmigración irregular y asegurar la expulsión de los sin papeles, reforzar el control de las fronteras y establecer una política común de asilo. Una normativa que faculta a la autoridad administrativa a encerrar a los ilegales para asegurar su expulsión. Postulados que germinaron en los programas de los partidos de derecha xenófoba y que han sido asumidos por una derecha populista, la de Sarkozy en Francia y la de Berlusconi en Italia, por la conservadora Angela Merkel en Alemania, y la izquierda de la “tercera vía” de Gordon Brown en Inglaterra, y que no disgusta al socialismo español de Rodríguez Zapatero.
En la cita de Cannes, Los Veintisiete (número de países integrantes de la unión), según el documento, elaboraron una política de inmigración profesional en función de sus necesidades laborales, que dará preferencia a los trabajadores comunitarios, potenciará la captación de personas altamente cualificadas y favorecerá que la inmigración extracomunitaria sea sólo temporal. El texto reafirma las competencias nacionales exclusivas de cada estado sobre las condiciones y el número de inmigrantes que admiten en su territorio.La agrupación familiar de inmigrantes se restringirá conforme a la "capacidad de acogida" de los Estados y la "capacidad de integración" de los afectados, en función de sus recursos, de sus condiciones de alojamiento y de "su conocimiento de la lengua del país". También se decreta el no realizar en el futuro regularizaciones generales de sin papeles, como hizo España, y a limitarse sólo a "regularizaciones caso por caso" por motivos humanitarios o económicos. El pacto establece que la política migratoria de cada estado "tendrá en cuenta el impacto que pueda tener en los demás países de la UE". Asimismo, subraya que "es imperativo que cada Estado tenga en cuenta los intereses de sus socios europeos en la definición y aplicación de sus políticas de inmigración, integración y asilo", además de establecer los visados biométricos y un control electrónico de entradas y salidas de visitantes en la UE en el 2012, y a fomentar acuerdos de readmisión con los países de origen. El pacto también incluye el establecimiento de un procedimiento único de asilo en el 2012 y la creación de una oficina europea para la gestión de las demandas de asilo.El término "contrato de integración" propuesto por Francia, ha sido sustituido por el concepto "integración armoniosa", la que pondrá en marcha "medidas específicas" para asegurar que los inmigrantes aprenden la lengua del país y cumplen sus leyes. Esas medidas, precisa el texto, "pondrán el acento sobre el respeto a las identidades de los estados y de la UE, además de sus valores fundamentales, entre ellos los derechos humanos, la libertad de expresión, la tolerancia, la igualdad entre hombres y mujeres”.
Pero se borra con el codo lo que se ha escrito con la mano, sentencia la expresión popular: en las calles de las ciudades europeas personas que en rigor no han cometido delito son objeto de detención e internamiento en lugares que no son cárceles, por un plazo que va entre 6 y 18 meses para finalmente ser expulsadas con prohibición expresa de retornar en un periodo de cinco años.
Lo que la vieja Europa combatió en décadas pasadas con su “altura moral”, ahora nos hace revivir las figuras seudo-jurídicas aplicadas por las dictaduras militares del Cono Sur latinoamericano. Entonces, en nuestros países se invocaba la “seguridad nacional” ante la “insurrección del comunismo internacional”. La Europa del siglo XXI apela a una “seguridad policial” ante el “caos”, “la delincuencia”, y la amenaza a las tradiciones y costumbres occidentales frente a la “contaminación cultural” proveniente del mundo latinoamericano, africano, árabe e islámico.
En España, por ejemplo, de los 3 millones 124 mil 625 extranjeros no comunitarios actualmente empadronados, por lo menos el 76% de éstos llegaron sin papeles. Posteriormente fueron favorecidos por los procesos de regularizaciones de los gobiernos de Felipe González, desde 1986, de José María Aznar y de Rodríguez Zapatero, hasta el 2005, mediante los cuales consiguieron permisos de residencia y de trabajo. Ha sido esta forma “clandestina” -como ahora subraya el gobierno- y no la llegada de inmigrantes con contrato de trabajo bajo el brazo, lo que ha beneficiado a España: “en los últimos seis años el 38% del crecimiento del PIB de España se debe a la inmigración. Los inmigrantes aportan ya el 7,4% de las cotizaciones a la Seguridad Social y sólo reciben el 0,5% del gasto”.Toda una paradoja, cuando el mismo día que el Parlamento europeo votaba a favor del ideario xenófobo contra la inmigración, España le otorgaba el Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales al pensador francés, de origen búlgaro, Tzvetan Todorov, protagonista de las batallas por una Europa abierta y diversa, y que considera que “la identidad europea se basa en la renuncia a la violencia. La proximidad de los otros no sólo no es ya una amenaza, sino que se convierte en una fuente de beneficios”.
Il Cavalieri y los Gitanos
El pasado mes de julio numerosos políticos, sindicalistas, intelectuales y otros ciudadanos italianos hicieron cola en Roma, cerca de la sede del Ministerio del Interior, para que les fueran tomadas las huellas digitales en señal de protesta luego de conocer la orden del Gobierno de Berlusconi de fichar a los gitanos asentados en el país, y principalmente a sus hijos menores, y en cuya papeleta figura el grupo étnico y la religión de los encuestados.El censo, que ya se ha realizado en Milán y en Nápoles y prosiguió en Roma, ha levantado una oleada de denuncias por la carga de "discriminación racial" que contiene. "Con fichas semejantes comenzó también el nazifascismo", han escrito varias publicaciones italianas, entre ellas el semanario Famiglia Cristiana, que afirma que Italia se está convirtiendo "en un Estado policial que muestra su rostro feroz con los pequeños gitanos".
El Parlamento Europeo debatió en Estrasburgo sobre la decisión italiana, ante la que varios comisarios de la UE ya han manifestado su recelo, pero sin lograr un veto firme y definitivo a la medida. Según el Gobierno de Berlusconi, se trata de hacer frente a una "alarma" que supuestamente cunde en todo el país, por lo que ha decidido cerrar los campamentos ilegales de gitanos y controlar los autorizados.Los gitanos de Roma y de Milán ya han sido censados varias veces en el pasado, pero nunca se les había tomado las huellas ni se les había preguntado su religión. Letizia Moratti, alcaldesa de Milán, ha manifestado que este es "un método seguro para conocer la identidad de los niños gitanos y protegerles". "Sesenta años atrás, también las leyes raciales de Mussolini empezaron con un censo, para proteger a los judíos", escribió el popular periodista y escritor italiano Gad Lerner. “Si queremos completarla, falta sólo la orientación sexual”, afirmó Ricardo Segni, Rabino de Roma. Además de la identificación fotográfica, el Ministerio del Interior italiano tomará las huellas digitales, principalmente de los menores, porque considera que son usados para pedir limosna y cometer delitos. "No se trata de redadas, sino de identificar a quienes viven en nuestro país", ha dicho Franco Frattini, ministro de Exteriores. Frente a las protestas, el titular del Interior, Roberto Maroni (miembro de la ultraderechista Liga Norte), ha declarado que no se echará atrás "ni un milímetro".Tras la toma de posesión, el Gobierno de Il Cavalieri (como popularmente se conoce a Berlusconi) nombró comisarios especiales para los gitanos en Milán, Roma y Nápoles, pero mientras en esta última se están tomando ya las huellas digitales, en Milán se están censando los campamentos de gitanos de nacionalidad italiana, y en Roma el comisario ha decidido implicar a la Cruz Roja en el censo, excluyendo de momento la toma de las huellas y confiando a la institución internacional la custodia del banco de datos, al que se podrá acceder sólo con permiso de la magistratura.En Italia viven unos 140.000 gitanos, la mitad de los cuales tienen nacionalidad italiana porque sus familias viven en la península desde hace más de 100 años. Unos 30.000 son niños en edad escolar, de los que solo 12.000 frecuentan la escuela.
Sobre cuántas personas de etnia gitana se han registrado en los censos de los campamentos nómadas que comenzaron hace unos meses en Italia, Maroni respondió que se pensaba que eran 120.000, "pero que han resultado muchos menos".Según el titular del Interior, el motivo es que "muchos se han ido espontáneamente hacía la más permisiva España de (José Luis Rodriguéz) Zapatero", pero no dio más detalles sobre cuántos viven en Italia o dónde se encuentran el resto de los gitanos que esperaban que residiesen en el país.Ante las críticas que recibió la medida del gobierno italiano, Maroni reiteró que no se ha tratado de hacer una "lista étnica" y que, según el sondeo realizado por instituto Ipr Marketing para el diario La Republica, esta iniciativa ha contado con el 62% del apoyo de la opinión pública italiana.Los censos en los poblados gitanos fueron aprobados por la Comisión Europea, que consideró que “no hay indicios de que éstos se hagan por motivos étnicos o religiosos”, y que “sólo se procede a recabar huellas digitales cuando no hay otra manera para identificar a las personas”.Maroni aseguró que los censos han revelado que en estos campamentos viven italianos, gitanos de origen rumano, Rom y Sintis de origen italiano e inmigrantes no comunitarios, y que "el verdadero drama es que la mitad de los menores que viven en estos campamentos no tienen padres".
Dibujo de "El roto", diario El Paìs, España.
La "Europa fortaleza" 
Un texto de José Donoso
